El furtivismo, entendido como la práctica de la persona que caza, pesca o hace leña en finca ajena, a escondidos de su dueño, ha sido reconocido por organismos internacionales como una de las principales amenazas a la biodiversidad. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sitúa la sobre explotación ilegal de recursos faunísticos como el segundo factor de declive de poblaciones de vertebrados terrestres a escala global, solo por detrás de la pérdida y degradación de hábitats.

El furtivismo en España constituye una amenaza persistente y subestimada para la biodiversidad, el tejido cinegético y la economía rural. A escala europea, la situación no es menos preocupante. Estudios recientes han documentado redes de comercio ilegal de fauna silvestre que operan de forma transfronteriza, afectando a ungulados, rapaces y otras especies protegidas. En el contexto ibérico, el furtivismo de caza mayor presenta características propias derivadas de la fragmentración jurisdiccional del territorio (competencias autonómicas en materia cinegética), de la alta densidad de espacios acotados y de las tensiones históricas entre usos tradicionales del territorio y normativa de conservación.

Ausencia de conocimiento científico

La ausencia de datos sistemáticos sobre su prevalencia real, sus motivaciones y sus impactos ecológico-económicos impide el diseño de políticas de gestión y conservación verdaderamente eficaces. El presente proyecto, puesto en marcha por Fundación Artemisan y SCI Iberian Chapter, nace con la vocación de cubrir este vacío de conocimiento científico mediante una aproximación empírica, multidisciplinar e innovadora.

Tomando como referente metodológico el programa ‘Poach and Pay’, del Boone and Crockett Club (Estados Unidos), el proyecto adapta sus ejes de investigación al contexto jurídico, ecológico y socio económico del sector cinegético español. La estrategia metodológica central se apoya en la difusión de dos encuestas online estructuradas: una dirigida a titulares y gestores de cotos de caza mayor, y otra orientada a la población general, tanto vinculada al sector cinegético como ajena a él.

Principales objetivos

El proyecto articula cuatro grandes objetivos:

1. Evaluar los impactos de conservación asociados a los delitos contra la fauna silvestre
2. Analizar los factores motivacionales y disuasorios del furtivismo
3. Examinar las barreras judiciales en la aplicación de las leyes de caza
4. Proponer soluciones legales y de gestión

El proyecto ha sido sometido a la evaluación y aprobación del Comité de Ética e Integridad Científica de la Universidad de León, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1716/2011 y a las directrices de la Declaración de Helsinki en lo aplicable a la investigación con encuestas y la participación en ambas encuestas será totalmente voluntaria.

• Encuesta a titulares y gestores de cotos de caza mayor

Los titulares y gestores de cotos de caza mayor son los actores que se encuentran en primera línea de exposición al furtivsmo y quienes, con mayor probabilidad, poseen información directa sobre su prevalencia, naturaleza y consecuencias. Sin embargo, su conocimiento permanece en gran medida inaccesible para la investigación científica, bien por la ausencia de canales sistemáticos de recogida de información, bien por la desconfianza hacia las instituciones o por temor a represalias.

Esta encuesta persigue estimar la prevalencia del furtivismo en los cotos de caza mayor españoles en los últimos cinco años, identificar las especies más afectadas y los métodos más utilizados por los furtivos, cuantificar las pérdidas económicas directas e indirectas atribuidas al furtivismo y recabar la opinión de los gestores sobre las medidas más efectivas para el control del furtivismo.

Los titulares y gestores que deseen participar en la encuesta, pueden hacerlo contactando por correo electrónico: jm.chinchilla@fundacionartemisan.com

• Encuesta a población general

La percepción social hacia el furtivismo es un factor clave en la ecuación de su control. Las normas sociales – la percepción de lo que la mayoría de la gente hace o aprueba – influyen poderosamente en el comportamiento individual, incluido el cumplimiento de la legislación ambiental. Una sociedad que percibe el furtivismo como una conducta relativamente aceptable generará menos presión social para su denuncia, menor cooperación con las autoridades y mayores dificultades para la aplicación efectiva de la ley.

Esta encuesta tiene como objetivo medir la percepción social del furtivismo en distintos segmentos de la población española, identificar los factores que modulan la aceptabilidad del furtivismo (justificación por necesidad, cultura cinegética familiar, identidad rural vs urbana, etc.) y analizar el conocimiento ciudadano sobre la legislación vigente.

El análisis de estos datos aspira a generar un impacto múltiple que trasciende al ámbito académico para alcanzar a los gestores del territorio, las administraciones públicas, el sector cinegético y la sociedad en su conjunto. Los resultados se trasladarán no solo a publicaciones científicas, sino también a las  administraciones competentes mediante informes técnicos específicos. Además, se elaborará un documento de propuestas de reforma legislativa basado en la evidencia empírica generada por el proyecto, incluyendo recomendaciones sobre el régimen sancionador, los mecanismos de denuncia y la dotación de medios de vigilancia.